www.eleconomista.es – Eduardo Ortega Socorro – 

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El Gobierno de Pedro Sánchez mantiene su intención de modificar el impuesto de Sociedades para que los grandes grupos tributen de manera efectiva y como mínimo el 15% de su base imponible. Sin embargo, la aplicación de esta subida, que puede provocar un embrollo jurídico de imprevisibles consecuencias -incluyendo la posibilidad de que alguna empresa decida moverse-, conllevaría una mejora de la recaudación más baja que la esperada por el Ejecutivo: entre 300 y 400 millones, lejos de los 4.000 millones esperados en Moncloa.

La clave está en que la gran mayoría de las grandes corporaciones en España tributan el 19% de su base imponible -algo incluso recogido en los informes de la Agencia Tributaria-, por lo que los beneficios que puede tener un alza del impuesto de Sociedades a un mínimo del 15% tendría un beneficio “residual”, explica Francisco de la Torre, diputado por Ciudadanos y presidente de la Comisión de Presupuestos. “La capacidad de extraer más fondos por esta vía está limitada, no se pueden sacar 4.000 millones. Se genera un problemón solo para obtener otras cuatro perras”. Hacienda, por su parte, insiste en que, sobre resultado contable, las compañías no están pagando más allá del 6,71%.

En realidad sí se podría obtener una cantidad cercana a la esperada por el Gobierno, pero para ello se acabaría generando un caos judicial. De la Torre explica que esto solo sería posible si el alza del impuesto de Sociedades se aplica como una doble imposición, es decir, que se ejecute también sobre los dividendos que los grandes grupos traen a España de países extranjeros y que no tributan al estar exentos por acuerdos internacionales.

 

“Te metes en un lío jurídico de narices. Un convenio de doble imposición, y España ha firmado unos 120 de ellos, es un acuerdo que tiene primacía sobre la Ley”, indica el exsecretario general de la Organización Profesional de Inspectores de Hacienda. “Si Hacienda intenta cobrar por dividendos de otros países, las compañías correspondientes van a llevar al Estado a los tribunales”. Pero el lío no sería solo jurídico. De la Torre advierte de que hay más escenarios posibles: si se ejecutara el cobro de dividendos llegados de otros países -y por los que ya se habría tributado en ellos, por cierto- podría producirse una huida de empresas con domicilio fiscal en España a otros países de la Unión Europea donde se respetaran los convenios de doble imposición.

Otra opción para las compañías sería no traer a España esos dividendos para que no cuenten en el resultado contable. Se trata de una alternativa que también se pondría sobre la mesa y que supondría una importante pérdida de liquidez para la economías española, según De la Torre.

Y es que no hay que olvidar que, generalmente, los grandes grupos obtienen el 70% de su beneficio fuera de las fronteras nacionales -acogidos a los convenios de doble imposición-, y el 30% restante en España, un negocio por el que ya tributan.

La presentación de los nuevos impuestos anunciados por el Ejecutivo podría retrasarse hasta diciembre

Ante este difícil panorama, el Ejecutivo ya maneja alternativas para aumentar la tributación de los grandes grupos empresariales, más allá de la subida del impuesto de Sociedades. María Jesús Montero, ministra de Hacienda, admitió hace escasas fechas que que el gran cambio tributario podría pasar “por quitar deducciones a partir de determinado nivel”.

Además, la ministra admitió que ninguno de los nuevos tributos anunciados por el Gobierno estaría en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado, cuya presentación podría retrasarse hasta el mes de diciembre.