www.economistas.es – 16/10/2018

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La tributación por módulos consiste en una manera de calcular el beneficio fiscal obtenido por los autónomos en determinadas actividades empresariales, tales como, entre otras, negocios de hostelería, transporte, peluquerías o comercio minorista.

Los módulos que permiten el cálculo del resultado fiscal, son diversos. Común a todos ellos, es el número de empleados, pero, además, hay otros específicos de la actividad que se trate. Así en el supuesto de un restaurante, se tiene en cuenta el número de mesas, los kilovatios contratados y, en su caso, el número de máquinas “tragaperras” y de diversión que se encuentren a disposición de los clientes dentro de sus instalaciones.

Los referidos módulos que cuantifican los importe a pagar, tanto de IVA como de IRPF, no son aplicables por todos los negocios que desarrollan los autónomos. Aparte, como hemos indicado, de que no afectan a todas las actividades, otro factor a considerar es el tamaño del negocio. Hasta ahora, podrían acogerse a este sistema aquellos empresarios cuyo volumen de ingresos el año anterior no superase los 250.000 euros anuales, o la facturación emitida a empresarios no excediera de 125.000 euros.

Pues bien, la AEAT pretende, cara al próximo año 2019, reducir los límites anteriores a 150.000 euros y 75.000 euros respectivamente, de tal manera que muchos autónomos quedarán fuera del ámbito de aplicación de esta modalidad de cálculo, y deberán obtener, a efectos del IRPF, el resultado del negocio por diferencia entre los ingresos y los gastos, y, por lo que se refiere al IVA, por diferencia entre el repercutido y el soportado. Es posible que muchos de ellos se vean afectados cuando, por ejemplo, el resultado obtenido por los módulos es inferior al resultado real, no obstante, no en todos los supuestos ocasionará un incremento del coste fiscal, aunque sí administrativo.

Hacienda pretende reducir el número de contribuyentes acogido a los módulos porque entiende que hay una importante bolsa de fraude que ha de atajarse. Es el caso de los denominados “moduleros” que hacen facturas que documentan entregas de bienes o prestaciones de servicios que no responden a la realidad, y que permiten, a los receptores de las mismas, la obtención de ahorros fiscales a la legalidad.