www.economistas.es – RAQUEL PASCUAL – 26/03/2018

Los pensionistas han salido a la calle a exigir que sus pensiones se vuelvan a revalorizar con el IPC, tal y como ocurría hasta 2014 (salvo en 2011, cuando se congelaron por la crisis). El nuevo indicador de revalorización aconseja a los Gobiernos que mientras las Seguridad  Social siga con el abultado déicit que tiene, esta revalorización sea solo del 0,25% anual. ¿Qué ocurre con eso? Que si los precios suben más que ese 0,25%, los pensionistas pierden poder adquisitivo. Y lo mismo pasa con los salarios: si suben menos que los precios, los trabajadores pierden poder de compra.

Para que esto no ocurra, la negociación colectiva dispone de una herramienta denominada cláusulas de salvaguarda o de garantía salarial. Estas cláusulas, que se incluyen en los convenios colectivos, suelen reconocer que, si el incremento salarial pactado para un año queda por debajo de lo que suben los precios en ese ejercicio, el empresario pagará la diferencia. De esta forma se garantiza que los empleados no pierdan poder de compra.

Pero ¿cuántos trabajadores disfrutan de una de estas cláusulas? Los datos de negociación colectiva de diciembre pasado indican que de los más de siete millones que habían cerrado sus condiciones laborales para 2017 (habitualmente son diez millones los protegidos por convenios) solo 1,5 millones tenían esta garantía del poder adquisitivo ante el repunte de la inflación, lo que equivale a poco más del 20% del total. Esto significa que, por el contrario, el 80% o, lo que es lo mismo, cuatro de cada cinco asalariados con convenio no tenía  garantizado el pasado año el poder adquisitivo ante un repunte inlacionista.

De hecho, ese repunte se produjo en 2016 y 2017 cuando el IPC interanual de diciembre, que suele ser con el que se referencian las cláusulas de garantía salarial, fue del 1,6% y 1,1%, respectivamente, tras tres años (2015, 2014 y 2013) con los precios estancados o en  negativo. En 2016, los trabajadores que tuvieron garantizado su poder de compra –y cuyos sueldos subieron al menos como la inflación
de inales de es año– fueron aún menos que en 2017: solo el 14% del total de asalariados con convenio.

Esto no quiere decir que todos estos trabajadores pierdan poder adquisitivo, ya que muchos de los que no tienen cláusulas de garantía  experimentaron incrementos salariales superiores al IPC de 2016 o 2017. Por ejemplo, el incremento salarial medio pactado en los convenios del pasado año fue del 1,43% frente a una inflación en diciembre del 1,1%. De hecho, el 40% de los asalariados experimentó el pasado año incrementos salariales superiores al 1,5%.

Técnicos de CC OO explican que detrás de estos incrementos mayores al IPC está en la mayoría de los casos una negociación en empresas o sectores que referencian las subidas salariales al IPC pasado o presente, aunque sin garantizar una compensación que iguale un  repunte de los precios.

Esta referenciación a la inlación en la práctica de la negociación salarial se produce a pesar de que en los últimos años, los negociadores  han admitido la necesidad de vincular los  salarios a otros indicadores como la marcha del PIB o las ventas de la empresa o el sector (apenas el 5% de los trabajadores tiene esta vinculación en su salario).

Históricamente, hasta el año 2009, las cláusulas de salvaguardia estaban muy extendidas en los convenios. Durante toda la primera década de los años 2000 siete de cada diez trabajadores protegidos por la negociación colectiva tenían garantizado este poder de compra. Pero en 2009, “se declaró la guerra a las cláusulas de revisión”, se queja la experta en negociación colectiva de CC OO, Rita Moreno.

Esa guerra empresarial contra estas garantías las ha llevado a casi desaparecer, aunque tras el repunte de los precios en los dos últimos  años, están creciendo nuevamente. Así, en lo que va de 2018, cerca de cinco millones de trabajadores ya tienen sus condiciones pactadas y, de ellos, el 24% tiene garantizado su poder adquisitivo con una de estas cláusulas. El porcentaje es 10 puntos superior al de 2016.

Cómo son estas cláusulas

Dos tipos. Las hay con efectos retroactivos y otras que no los tienen. Las primeras compensan al trabajador por el desvío de la inflación en el año en curso y le incorporan la mejora al salario futuro, y las segundas le aplican dicha compensación a partir  del año siguiente. El 57% de los trabajadores protegidos tiene las de efectos retroactivos, que son las más generosas.

Dónde se pactan. Seis de cada diez asalariados con cláusula de garantía (el 57%) trabajan en la industria y el 36%, en los servicios.